Reforma de la Ley de Inversiones Extranjeras Tailandesa
Hace unas semanas, el Consejo de Ministros tailandés, con el fin de abrir más el actual marco regulatorio a la inversión extranjera, aprobó una serie de medidas conducentes a la reforma de la vigente Ley de Inversiones Extranjeras («Foreign Business Act» -FBA- B.E. 2542 (1999)), que ahora tendrá que desarrollar el Ministerio de Comercio como paso previo a su consulta pública y posterior adopción parlamentaria, previsiblemente a lo largo de 2025. La actual Ley, inspirada en otra de 1970, pensada para proteger a las empresas locales de la competencia extranjera, no sólo no ayuda a conseguir los objetivos de una economía de alto valor añadido, transparente y favorable a la innovación, sino que por si fuera poco no concuerda con los de la política establecida por la Estrategia Nacional 2018-2037 y sus distintas iniciativas, como Tailandia 4.0, el Plan Maestro de Asuntos Exteriores o la Estrategia de Seguridad Nacional, entre otras.
Dados los problemas a los que se tiene que enfrentar con relativa frecuencia el inversor extranjero a la hora de hacer negocios en Tailandia, una reforma como la proyectada es a la vez necesaria y urgente, por lo que en principio no puede ser sino bienvenida. Ahora bien, antes de emitir un juicio definitivo sobre ella es preciso conocer con detalle su alcance y contenido, en particular lo que se refiere a determinadas cuestiones clave, como son la participación de capital extranjero, la compra o creación de activos o de capital en ciertos sectores y la tramitación de licencias empresariales o comerciales. Esto no obstante, las manifestaciones hechas recientemente por el portavoz gubernamental Karom Polpornklang acerca de las líneas básicas de la futura reforma, nos van a permitir analizar provisionalmente éstas, si bien con la prudencia que el caso requiere hasta que no podamos disponer de su versión final.
Participación de capital extranjero en empresas tailandesas
El proyecto, que hizo suyo el Consejo de Estado a partir de una propuesta de la Comisión de Desarrollo Legislativo, aborda justamente la participación de capital extranjero en empresas tailandesas, hasta ahora limitado al 49%, de tal forma que el 51% restante tenía que estar en manos tailandesas, lo que obligaba a recurrir a determinados métodos de ingeniería financiera para evitar esta restricción, como la emisión de acciones preferentes, la aplicación del voto ponderado, o incluso la elección de accionistas nominativos en representación de los titulares reales, no exenta de riesgos por los controles legales existentes. Aunque esta restricción podía soslayarse también mediante la obtención de una licencia empresarial o comercial extranjera o de un certificado empresarial o comercial de la Junta de Inversiones tailandesa (BOI), lo cierto es que la misma no dejaba de ser un escollo importante que desincentivaba la inversión extranjera.
Por ello, lo que se busca ahora es solucionar este problema, permitiendo que los inversores extranjeros puedan llegar a tener la mayoría en empresas tailandesas, en concreto en sectores no estratégicos o que se alineen con los objetivos económicos nacionales. Así, el principio rector de la FBA de 1999, de proteger los intereses de los empresarios locales, será sustituido por el de incentivar el potencial de competitividad, esencial para poder conseguir una economía más abierta, incrementar el producto interior bruto, fomentar el empleo y, en última instancia, atraer una mayor proporción de capital extranjero. Una sustitución a la que quizás no sea ajena el deseo de Tailandia de incorporarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que la obliga a someterse a los criterios del Índice de Restrictividad de la Inversión Extranjera Directa (FDI), que mide las restricciones a este tipo de inversión en veintidós sectores, entre ellos el capital extranjero.
Simplificación de procedimientos administrativos y eliminación de trabas burocráticas
Otro de los elementos importantes de la apertura tailandesa a la inversión extranjera, aparte del ya mencionado de la participación de capital extranjero, es la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos y eliminar las trabas burocráticas, ya que unos y otras constituyen un no pequeño quebradero de cabeza para los inversores extranjeros, junto a otros, como la contratación de trabajadores, en el que no voy a detenerme ahora. El actual sistema, compuesto por una extensa y compleja red de reglas, prácticas y usos, impone el compromiso de reducir la burocracia («cutting red tape»), como ha sido puesto de relieve de forma reiterada en diversas ocasiones, una de ellas por la OCDE en su informe de 2020 «Thailand Regulatory Management and Oversight Reforms: A Diagnostic Scan». La reforma propuesta parece querer impulsar ahora esta reducción con objeto de conseguir un sistema más eficiente, eficaz y transparente. Ojalá sea así.
Antonio Viñal
Abogado
Avco Legal (con oficinas en Kuala Lumpur y Manila)
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