El Congreso filipino acaba de aprobar una nueva ley en materia de inversiones extranjeras (Republic Act Nº 11647), una ley que enmienda parcialmente la hasta ahora vigente (Republic Act Nº 7042), y que contiene  en su artículo 1, a modo de declaración de intenciones,  una exposición de carácter general acerca de los principios que servirán de base para llevar a cabo estas inversiones, como la transparencia, la reciprocidad, la equidad y la cooperación económica. A partir de esta exposición desarrolla unos preceptos que en su conjunto constituyen una regulación de enorme interés para los inversores extranjeros -españoles, entre ellos-, por su carácter mucho más abierto, liberal y flexible que la precedente, y que es preciso empezar a tener en cuenta en cualquier operación de esta naturaleza.


Al abordar esta cuestión, el primer paso es detenerse, aunque sea brevemente, en el
concepto de «inversión extranjera», con objeto de saber qué es lo que entiende esta ley por tal. Pues bien, en este sentido, considera que, para que pueda hablarse de «inversión extranjera», tienen que darse las siguientes condiciones: a) que se trate de una inversión de capital realizada por un nacional no-filipino; b) que sea hecha en forma de divisas o activos; y c) que unas u otros, divisas o activos, sean transferidos a Filipinas y registrados en en el Banco Central de este país. El cumplimiento de estas condiciones no implica, sin embargo, que  cualquier sector esté abierto a este tipo de inversión, ya que en algunos, como los relacionados con la defensa, está sujeta a una autorización previa del Ministerio del ramo, como en otros países


Dicho ésto, una de las novedades que presenta esta ley es la posibilidad de que un nacional no-filipino, previo registro en la Comisión Nacional de Bolsa y del Mercado de Valores (SEC), o en el Ministerio de Comercio e Industria (DTI), según proceda, pueda
invertir en una sociedad filipina hasta el 100% de su capital, sin que en principio ni la SEC, ni tampoco el DTI, puedan imponer limitación alguna a esta propiedad extranjera, salvo, claro, en  circunstancias excepcionales previstas en la propia ley. Igualmente, un nacional no-filipino podrá acceder a los incentivos establecidos legalmente, una vez que se haya registrado en la Junta de Inversiones (BOI), y ésta haya evaluado la solicitud de registro de acuerdo con los criterios establecidos en el Código Omnibus de Inversiones (Executive Order Nº 226).


Un caso interesante a subrayar es el de las
micro y pequeñas empresas con un capital desembolsado inferior a USD 200.000, que, en principio, están reservadas a nacionales filipinos, a no ser que: a) desarrollen tecnología avanzada conforme a los parámetros establecidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (DST); b) sean consideradas como «start-ups» con arreglo a lo previsto en la ley reguladora de este tipo de sociedades (Republic Act Nº 1137); o una mayoría de sus empleados directos sean filipinos, siempre que su número no sea inferior a quince. En este caso, se permite a los nacionales no-filipinos detentar un porcentaje del capital desembolsado equivalente a USD 100.000, exigiendo, eso sí, que si emplean trabajadores extranjeros y disfrutan de incentivos fiscales, aseguren la transferencia de tecnología a los empleados filipinos.


Por último, esta ley, remitiéndose a lo regulado en el Código Omnibus de Inversiones, no descuida la importancia de la
protección de la inversión extranjera, que comprende no sólo la repatriación de dividendos, sino también el amparo ante cualquier expropiación, entre otras garantías. Ni tampoco los incentivos, que pueden ser de carácter fiscal, como la exención temporal de impuestos, la exención de impuestos y aranceles sobre bienes de equipo importados o créditos fiscales; o no fiscal, como el empleo de trabajadores extranjeros o la simplificación de procedimientos aduaneros. En este contexto, hay que destacar  los incentivos destinados a favorecer la inversión en áreas  determinadas por el Plan de Inversiones Prioritarias, o a promover la apertura de Oficinas Regionales por parte de empresas multinacionales.


Antonio Viñal

Abogado
AVCO LEGAL