Las sucesivas olas del Covid-19 han provocado en la economía tailandesa, lo mismo que en el resto de las economías del mundo, graves contracciones en su PIB, como lo prueban sus caídas del 6,1% en 2020 y del 3,4% en el primer trimestre de 2021. Ello ha obligado al gobierno de este país a rectificar sus previsiones de crecimiento para este año, de un 3,4% a un 2,2%, aunque, a la vista de la recuperacion de la demanda exterior y de los estímulos y programas internos, su pronóstico para 2022, de no producirse nuevas alteraciones, es en principio del 5,1%.

Uno de los programas aprobados recientemente es un nuevo paquete de medidas de promoción de inversiones, orientado, en esta ocasión, a ciudadanos extranjeros con alto poder adquisitivo y a profesionales altamente cualificados. Entre los beneficios previstos, se encuentran la concesión de visados de larga duración, tanto para los interesados como para su familia; el otorgamiento automático de permisos de trabajo; la igualación de las tasas del impuesto sobre la renta con las exigidas a los ciudadanos tailandeses; la exención fiscal de los ingresos obtenidos en el extranjero y la libertad de acceso a la propiedad, especialmente a la rústica.

A reserva de una mayor concreción de estas medidas, y de la gestión de las mismas por el Board of Investment (BOI), a través de un nuevo departamento que se creará a tal efecto en esta agencia para las inversiones extranjeras, los ciudadanos extranjeros de alto poder adquisitivo que deseen disfrutar de estos beneficios tendrán que invertir como mínimo 500.000 dólares, ya sea en bonos estatales o en propiedades inmobiliarias. Para ello deberán acreditar, como punto de partida, una renta mínima anual de 80.000 dólares; unos activos de 1 millón de dólares; y un seguro médico de 100.000 dólares.

El objetivo es atraer a 1 millón de este tipo de ciudadanos en los próximos 5 años, para que, merced a la atracción de los beneficios anteriormente citados, generen 1 trillón de bahts tailandeses en gastos; 800 billones, en inversiones; y 270 billones, en ingresos fiscales. Sea esto factible o no, el programa que el gobierno tailandés pretende poner en marcha, recuerda, con matices, y siempre a falta, como decía antes, de una mayor concreción, los programas conocidos en muchos países europeos, entre ellos España, como «Golden Visa».

A la vista de esta experiencia, el éxito de las medidas que comento dependerá en última instancia, además de su alcance, de la necesaria flexibilidad y eficiencia burocráticas a la hora de aplicarlas. La falta de esta flexibilidad y eficiencia, que es, por desgracia, algo recurrente en muchas Administraciones, suele dificultar su puesta en práctica, rebajando así las expectativas que tanto el Gobierno que las aprobó como los potenciales interesados en utilizarlas habían puesto en ellas. Esperemos, con todo, que este no sea el caso, dada la trascendencia que las mismas tienen para Tailandia en una coyuntura económica como la actual.

Antonio Viñal
Abogado