Vietnam es una de las economías sudesteasiáticas que más está creciendo en estos últimos años, y ello hasta el extremo de que, a diferencia de lo que sucede en otros países, ni siquiera en plena pandemia ha dejado de hacerlo, como lo prueba el avance del 3% de su producto interior bruto en 2020 y 2021. A este crecimiento no es ajena su estabilidad política, su apertura económica o su flexibilidad regulatoria, tres elementos clave a la hora de atraer inversión extranjera y convertir a ésta en un mecanismo decisivo en el desarrollo económico y social vietnamita. Pues bien, ésta, la inversión extranjera, digo, tiene diversos medios y métodos para canalizarse, y uno de ellos es el de la colaboración público-privada, a la que va dedicada precisamente este artículo, mediante un breve análisis de los sectores, oportunidades y garantías que la hacen posible.
Al igual que en el caso de la normativa sobre sociedades ( Ley Nº 59/2020/QH14; Decreto Nº 01/2021/ND-CP) y de la normativa sobre inversiones ( Ley Nº 61/2020/QH14; Decreto Nº 31/2021/ND-CP), el Gobierno vietnamita ha dado un paso adelante en su proceso de liberalización de la economía en el caso de la normativa sobre colaboración público-privada ( «Public Private Partnership») con la adopción de un nuevo marco regulatorio en la materia, publicando a tal efecto, como suele ser habitual, primero, una ley, y luego, un decreto, que desarrolla, completa y aclara, cuando es necesario, el contenido de aquélla. La ley es la Nº 64/2020/QH14, y el decreto el Nº 35/2021/ND-CP, y una y otro constituyen el nuevo cuerpo legal en este ámbito, sustituyendo al anterior, formado básicamente por el decreto Nº 63/2018/ND-CP, que queda así derogado.
Dicho esto, ¿cuáles son los aspectos más relevantes de esta nueva normativa de colaboración público-privada? ¿en qué se diferencia de la anterior? ¿a qué debe atenerse un inversor extranjero cuando se plantee una operación de esta naturaleza?. El primero de esos aspectos es el relativo a los sectores en los que está permitida esa colaboración público privada; a los campos, dentro de cada uno de estos sectores, en los que puede materializarse dicha colaboración; y al capital, variable, dependiendo del sector de que se trate, para que el proyecto de colaboración pueda llegar a ser considerado como elegible. A tenor de lo dispuesto por el artículo 2 del decreto nº 63 anteriormente citado, los sectores son 6: transportes; redes y centrales eléctricas; suministro y tratamiento de agua; salud; educación y formación; y tecnología de la información e infraestructuras de telecomunicaciones.
Ahora, si pasamos de los sectores a los campos, observamos, por ejemplo, que en el de los transportes, están incluidos los transportes terrestres, marítimos y aéreos; en el de las redes y centrales eléctricas, las energías renovables, las centrales térmicas de carbón o gas, la energía nuclear o los tendidos eléctricos; en el de suministro y tratamiento de agua, los sistemas de riego, el abastecimiento de agua potable, la canalización y el tratamiento de residuos; en el de la salud, los establecimientos de exámenes y tratamientos médicos; en el de educación, las infraestructuras, equipos e instalaciones; y en el de tecnología de la información e infraestructuras de telecomunicaciones, la economía digital, la modernización de la tecnología de la información, seguridad y protección de la red y la infraestructura de tecnologías de la información y telecomunicaciones para ciudades inteligentes («Smart Cities»).
Cada proyecto de colaboración público-privada, cuyo capital mínimo oscila entre 100.000 millones (salud y educación), 200.000 millones ( suministro y tratamiento de agua y tecnología de la información e infraestructuras de telecomunicaciones) y 1.500.000.000 millones de dongs (VND) ( transportes y redes y centrales eléctricas) (cada dong equivale a 0,000041 euros), puede ser objeto, de acuerdo con lo establecido en el articulo 31 del decreto anteriormente citado, según el tipo de que se trate, de diferentes métodos de selección (licitación abierta o competitiva o adjudicación directa); y sustanciado, una vez concluido este proceso, con arreglo al artículo 47 del decreto en cuestión, en línea con las prácticas internacionales en vigor, en contratos estandarizados al uso, ya sean BOT (construir-operar-transferir), BOO (construir-poseer-operar), O&M (operar-mantener) o BTL (construir-transferir-arrendar), entre otros.
En este contexto, aparte de las garantías y fianzas habituales, ya estén incorporadas en la oferta de presentación (entre un 0,5% y un 1,5% del importe total del proyecto) o en el contrato de ejecución (entre un 1,0% y un 3,0% de dicho importe), hay tres cuestiones, para finalizar, a tener en cuenta de la colaboración público-privada: por un lado, la posibilidad de que el inversor, cuando no esté de acuerdo con el proceso de selección y tenga motivos para ello, eleve una reclamación ante las autoridades competentes y ante el Consejo Asesor de Resolución de Peticiones, justificando las razones que fundamentan su pretensión; por otro, la sumisión, en caso de controversias, al ordenamiento jurídico vietnamita, competente en la materia, con todo lo que ello supone a la hora de establecer indemnizaciones por daños y perjuicios; y por otro, en fin, la conveniencia de contar con un socio local con el que concurrir en el proceso correspondiente, usual en Vietnam y otros países de la zona.
Antonio Viñal
Abogado
AVCO Legal
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