España es uno de los líderes mundiales en el sector de la energía renovable, tanto en energías eólica, hidráulica como solar y, en un futuro no muy lejano, también en la energía eólica marina flotante, al menos eso es lo que aspira si, como prevé, las circunstancias son las adecuadas para ello. Prueba de este liderazgo es el hecho, entre otros indicadores, de que 2023 fue el año más renovable en la historia de España, con un máximo histórico de 135,000 MGh de producción, principalmente solar y fotovoltaica, mucho más que la energía nuclear y el gas combinados. A diferencia de los años 90, cuando el carbón representaba el 40% de la electricidad, en los últimos años, especialmente a partir de 2020, las energías renovables representan el 50% de la generación de electricidad, de tal manera que la mezcla energética está compuesta hoy en día por un 50% de energías renovables y el 50% restante de no renovables.
Este desarrollo no es ajeno al hecho de que la Unión Europea aprobó el 11 de diciembre de 2018, la Directiva 2018/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la promoción del uso de energía procedente de fuentes renovables, como un importante paquete de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con el compromiso de la Unión bajo el Acuerdo de París sobre Cambio Climático de 2015. A través de ella, la Unión intentó promover la seguridad del suministro energético, energía sostenible a precios asequibles, desarrollo tecnológico e innovación así como liderazgo tecnológico e industrial, con el objetivo de establecer un objetivo vinculante para la participación global de la energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía del sector de energías renovables en la Unión en 2030.
Según esta, los Estados miembros tenían que asegurar que la participación de energía procedente de energías renovables en 2030 sea al menos del 32%. Por lo tanto, el Gobierno español, para transponer esta Directiva al derecho interno, adoptó el 22 de noviembre de 2019, el Real Decreto 17/2019, para desarrollar proyectos y programas para integrar fuentes renovables en el sistema energético, así como para construir infraestructura de red de transmisión y distribución, red inteligente, instalaciones de almacenamiento e interconexiones. Como consecuencia de este doble marco regulatorio, así como los incentivos asociados a él, el sector de la energía renovable experimentó un crecimiento exponencial, convirtiendo a España en líder mundial en innovación y tecnología aplicada a los diferentes tipos de energías renovables.
Un ejemplo reciente de la tecnología más innovadora de España en el sector de la energía renovable es la energía eólica marina flotante, un tipo de energía que permitirá alcanzar profundidades de más de 50 metros, donde es inviable instalar gigantescas turbinas eólicas sobre cimientos fijos. En este momento, España es, a nivel europeo, el país con más instalaciones de I+D en las que se están probando plataformas, nuevos materiales y elementos eólicos flotantes; y, a nivel mundial, el país que tiene 15 de las 50 plataformas en las que se están instalando turbinas eólicas a modo de prueba. Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Hoja de Ruta para la Eólica Marina, el objetivo es tener una capacidad instalada, a lo largo de 19 áreas de 5 zonas marítimas, de 3 GW para 2030, lo que permitirá el desarrollo del tejido industrial necesario para llevar estas soluciones a otros países.
En cuanto a los países de la ASEAN se refiere, todavía están en una encrucijada caracterizada, por un lado, por su dependencia de los combustibles fósiles y, por otro lado, por su transición hacia el sector de la energía renovable. Los más importantes entre ellos tanto en territorio como en población, como Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas y Vietnam, han desarrollado sus propios planes para cumplir con los objetivos del COP21 o COP26, a veces bajo el paraguas multilateral del Just Energy Transition Partnership (JETP), y otras veces bajo los planes unilaterales propios, para movilizar financiación pública y privada para apoyar esta transición y lograr cero Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GHG) para 2050. La capacidad de energía renovable, las redes eléctricas y la infraestructura y las tecnologías habilitadoras (almacenamiento) necesitarán una inversión de USD 5 billones durante este período.
Dicho esto, si España tiene la tecnología y los recursos para desarrollar energías renovables y los países ASEAN tienen la necesidad de ambos, parece que nos enfrentamos a una situación lo suficientemente madura para que ambas partes obtengan beneficios mutuos. Proyectos interesantes en diferentes energías renovables, tal como en el caso de la energías renovables en Filipinas, 434 en energía solar y 232 en energía eólica según los datos que tengo; un marco regulatorio predecible, estable y seguro; y por último pero no menos importante incentivos para la tecnología verde, tanto deducciones fiscales como exenciones fiscales, constituyen una invitación atractiva para los contratistas españoles, de ahí la importancia para ellos de monitorear cualquier desarrollo y encontrar al socio local adecuado, ya sea público o privado, para hacer negocios juntos. Hablemos.
Antonio Viñal
Abogado
AVCO Legal
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